A tan pocos días de la nueva asunción de nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner una serie de hechos vinculados a la inseguridad han vuelto a tomar escena, violentos asaltos, tomas de rehenes, cruentos asesinatos, todos en territorio bonaerense y en menos de 48 horas de los festejos del pasado 10 de diciembre.
La seguidilla de hechos no se detuvo allí sino que se trasladó a la propia legislatura bonaerense el pasado día lunes, en la asunción del gobernador Daniel Scioli y del vicegobernador Gabriel Mariotto. Allí efectivos de la Bonaerense golpearon salvajemente a compañeros militantes kirchneristas, en su mayoría de la agrupación La Cámpora e imposibilitándolos de presenciar puertas adentro del edificio los festejos por el inicio del nuevo mandato de las autoridades provinciales.
A pocas horas de estos hechos el gobernador Scioli tomó la decisión de apartar de la fuerza policial a los integrantes de la misma que se hayan visto involucrados en la represión a los militantes. Sumado esto al debate sobre la decisión política de que sea un funcionario civil quien dirija la fuerza, la decisión del gobernador fue tomada como un supuesto ataque a la institución policial y desde diversas zonas de la provincia, empezando por los grupos policiales implicados en La Plata, distintas distritales fueron decidiendo su autoacuartelamiento durante cerca de 10 horas como medida de fuerza por las sanciones previstas, aprovechando la ocasión para pedir también por mejores condiciones de trabajo y salariales.
Estas cuestiones afloran como simples excusas para tratar de esconder bajo la alfombra la gran realidad que se da: Desde el gobierno nacional se vienen dando paulatinos cambios en la política de seguridad a través de las gestiones realizadas por la Ministra Nilda Garré para reformar las viejas estructuras policiales y militares que al día de hoy sólo buscan perpetuar las redes de encubrimiento y de negocios espurios del aparato represivo.
La Ministra pocas horas antes había asistido a la graduación conjunta de policías federales, gendarmes y prefectos donde puntualizó el nuevo rol que deben tener las instituciones de la seguridad vertebradas en la plena vigencia del estado de derecho y de compromiso con la defensa de los derechos humanos. Algunas de las sabias palabras de Nilda fueron: “Es indispensable que los integrantes de las fuerzas actúen conforme con doctrinas, técnicas, y prácticas profesionales comprometidas con la plena vigencia de los derechos humanos y las garantías constitucionales y que tengan en cuenta las particularidades del trabajo policial, dando prioridad a los saberes necesarios para el desarrollo de mejores estrategias de prevención”. Desde el gobierno está claro cuál es el rol que deben tener en la actualidad las fuerzas de seguridad, enarboladas en la defensa de la soberanía, la constitución argentina y la defensa de las instituciones y de los intereses del pueblo.
Otro punto de inflexión en la relación con los sectores policiales enquistados es a cerca de las formas de autogobierno policial y las necesidades que se vienen planteando desde el Estado Nacional para transformar el funcionamiento actual para dotarlo de nuevas lógicas y prácticas asociadas a los instrumentos que se requieran desde los altos estamentos de gobierno. Dijo la ministra al respecto: “Son las autoridades elegidas por el pueblo las que tienen el deber de conducir estos cambios, para dotarlos a ustedes de las herramientas para entender la difícil y apasionante tarea de cuidar a sus conciudadanos”.
También se refirió a los abusos internos dentro y fuera del poder policial, refiriéndose tanto a los malos tratos en los supuestos “bautismos” a los aspirantes y los ataques que sufren ciudadanos con los continuos casos de violencia policial y de gatillo fácil históricamente asociados a la policía bonaerense desde fines de los ochenta: “Este ministerio es y será implacable frente a prácticas abusivas y discriminatorias, tanto en los institutos de formación como en el resto de la vida institucional. Se debe abandonar toda práctica del pasado que, disfrazada de tradición, denigre a los aspirantes a las fuerzas de seguridad. No permitiremos que se confunda autoridad con sometimiento”, definió la ministra.
También debemos agregar a las palabras de nuestra ministra la histórica relación de las policías provinciales con una gran infinidad de hechos delictivos que se viven cotidianamente en gran parte de las provincias argentinas y sobretodo en los barrios de los sectores sociales más postergados. En el caso de la policía bonaerense variados miembros y oficiales estuvieron desde la década de los noventa netamente asociados a robos violentos, ataques comando, asesinatos a encargo, secuestros extorsivos, privaciones ilegítimas de la libertad, y muchos policías exonerados de la fuerza como mano de obra desocupada o de seguridad privada y grupos de choque.
Los casos a recordar son muchos: la muerte de Walter Bulacio, de José Luis Cabezas, la masacre de Ramallo, la represión en las jornadas de lucha popular de diciembre de 2001, los asesinatos de los luchadores sociales piqueteros Maximiliano Kosteki y Darío Santillán y la desaparición de Julio López luego de atestiguar contra el ex represor de la bonaerense Etchecolaz, por solo mencionar algunos casos sonantes entre un lista más amplia.
Desde el Espacio Político de la Esperanza le decimos NO a la violencia policial, a los ataques contra compañeros y agrupaciones políticas que trabajan día a día para transformar y profundizar los cambios que se vienen dando en argentina desde el 2003 y apoyamos las políticas de seguridad impulsadas desde el Ministerio de Seguridad de la Nación que conduce Nilda Garré, para lograr una seguridad que atienda las necesidades de todos los argentinos con control civil y ciudadano, profesionalismo y respeto de los derechos humanos desde las fuerzas de seguridad.
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